Contrapunto. El neoliberalismo está cambiando de look. La crisis económica le ha creado muy mala imagen y está redefiniendo sus términos y sus técnicas. No así sus objetivos, que siguen siendo aumentar a cualquier precio los beneficios de las grandes empresas transnacionales.

Por ejemplo, ahora ya no se firman tratados de libre comercio ni se privatizan servicios públicos, sino que tanto los países ricos como sus empresas llegan a los países pobres para ser “socios de su desarrollo”.

En esencia es lo mismo, promesas de creación de empleo y desarrollo social, bienestar y muchas otras cosas que finalmente no se cumplen porque las ganancias son para unos pocos.

En esa línea, con muy poca información publicada al respecto, el proyecto de Ley de Asocios Público Privados (APP) se encamina hacia la Asamblea Legislativa.

Aunque no ha sido presentado allí oficialmente, por lo que afirman no querer opinar sobre el tema, los diputados ya conocen la propuesta del gobierno, que además ha sido debatida y aprobada en el Consejo Económico y Social (CES).

Se pretende desarrollar las infraestructuras del país en varios aspectos. Pero en vez de hacerlo el Estado, se va a llamar al sector privado nacional y sobre todo transnacional, para que invierta a cambio de gestionar y sacar beneficios a esas infraestructuras durante 40 años.

Se sabe, por lo que se ha informado de manera general, que supone la legalización de una práctica que ya se está dando, como es la gestión conjunta del Estado y el sector privado de distintas obras, servicios y bienes públicos. Es lo que actualmente ocurre, por ejemplo, con la prestación del servicio de agua o la energía.

Pero también, atendiendo a uno de los pocos datos concretos que se han podido conocer, que el monto mínimo de los APP será de 10 millones de dólares, se infiere que los proyectos serán de considerable envergadura.

Se hará mediante dos tipos de contratos. El primero de ellos será una concesión total, es decir, que gastos y beneficios irán a cuenta de la empresa; y el segundo será una concesión de los beneficios pero no de los gastos, en los que participará el Estado.

Aquello que se concesiona, en principio, mantendrá la titularidad del Estado, es decir, no pasa a manos privadas como una propiedad. De ahí el apoyo de los representantes sociales en el CES.

También lo apoyaron porque se plantea la creación de un ente contralor de estos asocios en el que participarán estos sectores sociales y otros de la sociedad civil.

La economista y catedrática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) Julia Evelyn Martínez ha estudiado esta propuesta a profundidad y tiene bastantes preocupaciones al respecto.

En síntesis, su análisis es que los APP son la nueva forma, más políticamente correcta de llamar a las privatizaciones que se dieron durante los años 90.

Algo que hay que enmarcar en un contexto en el que están los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa, el Asocio para el Crecimiento con Estados Unidos, y sobre todo el Acuerdo de Stand By con el Fondo Monetario Internacional.

Es, por tanto, una nueva ola en el neoliberalismo, la forma moderna de colonización protagonizada por empresas transnacionales que van a llegar a El Salvador a gestionar no solo el aeropuerto y las carreteras, sino también, aunque no se diga, el servicio de agua potable, la generación de energía, los institutos públicos de educación superior, como los Megatec de Ilobasco o La Unión, y hasta los hospitales del Seguro Social.

Es, en opinión de la economista, una reafirmación de que la lógica capitalista del beneficio empresarial por encima del social (y de prácticamente cualquier cosa) es la adecuada para gestionar el sistema económico.

En esta breve entrevista, Julia Evelyn Martínez amplía sus explicaciones sobre lo que puede suponer la ley que pretende aprobar el gobierno.


¿Qué opinión le merece el proyecto de Ley de Asocios Público Privados?

¿Usted ya le vio la trampa al asocio?

Yo hice una presentación para los sectores sociales representados en el CES, para que se den cuenta realmente lo amplia que es esa ley, de cómo puede concesionar cualquier cosa.

Yo estuve hace poco en un foro sobre gestión comunitaria del agua y la gente allí no sabía, tenía la duda de si esta ley incluye el agua.

¡El agua¡ Mire quién puede concesionar: todos los ministerios, las municipalidades y las entidades autónomas. Y en las entidades autónomas están el ANDA, la CEL, la CEPA y el ISSS. Son todos los bienes y servicios, lo puede hacer.

Además, hay tres modalidades de concesiones que se pueden hacer y dos modalidades de contrato, los contratos que son autosostenibles, que ahí se le entrega el bien público, obra público o servicio público y las empresas van a tener el costo y la rentabilidad, el Estado no tiene que poner nada. El otro es el contrato compartido, el gasto es compartido. El Estado va a tener que introducir en el presupuesto de todos los años un monto destinado a ese contrato y asegurar que la empresa obtenga su beneficio que espera obtener por su inversión. En otras palabras, muchos de nuestros impuestos pueden ir dirigidos a financiar la rentabilidad de esas empresas.

Y por ejemplo también establece que la entidad que va a ser la rectora, PROESA, el directorio de PROESA podrá someter las concesiones a la aprobación de la Asamblea. Pero si es denegada y ya la empresa hizo inversiones, el Estado tendrá que indemnizar.

Como con las empresas mineras. Por cierto, ¿el tema de la minería está incluido?

La ley no dice nada de la minería. Está la obra pública, los servicios públicos y una tercera que dice las áreas… ahí es donde podría entrar, pero personalmente no creo. Dice que se pueden concesionar las áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional, que son innovación, desarrollo tecnológico, educación superior… y algunas más. Pero ahí lo dice explícitamente y no habla de minería. Pero por ejemplo la educación superior sí, y van a entregar los Megatec para que los gestionen. También habla de tierras propiedad del Estado concesionables para desarrollar innovación en la agricultura, es decir biotecnología, pesticidas, venenos, lo que sea, en tierras del Estado.

¿Por qué los representantes de los sectores populares en el CES avalaron este proyecto?

El sector popular se quedó tranquilo por dos cosas. Uno, ahí no se dice nada de privatizar. Al final de la obra, lo que ha puesto el Estado se le devuelve y se va a mantener al valor actual. Pero durante 40 años le sacó la ganancial.

La otra es porque se contempla un organismo de contraloría que va a tener participación de la sociedad civil. Pero con la capacidad de las transnacionales, que muchas veces tienen más presupuesto que el Estado, qué capacidad va a tener para regularlas.

Pero dado ese aval, ¿cree que el sector popular está bien representado en el CES?

No tengo claridad en el tema de representatividad. Lo que sí estoy segura es que no tienen no tienen la información y la formación necesarias para poder analizar esto. El sector empresarial tampoco tiene formación, pero sí tiene excelentes asesores. Tienen a Fusades, tiene consultores externos, que están pensando por ellos y proponiendo y se van adelantando. Además de eso, yo creo que todo el sector de universidades y todo algunas ONG que están ahí, tienen una visión, aunque no el discurso, pero en sus acciones, son más proclives a las empresas que a los sectores populares, y le hablo de todas las universidades. Entonces no tienen la información, no cuentan con la formación y no cuentan con los recursos o las redes de apoyo para poder articular, digamos, con otras personas que pudieran asesorarles.

Esta ley supone una apertura que, en el marco del TLC con Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación con Europa, supone más llegada de empresas desde esos países a gestionar aquí muchas cuestiones. ¿Es eso beneficioso para la empresa privada nacional?

Hay oportunidades, pero no para todo el sector empresarial, porque el sector empresarial no es homogéneo. Hay unos que sale beneficiados y otros que salen perjudicados. Yo creo particularmente que el sector industrial de la ASI sale perjudicado con muchas de estas medidas y estos asocios públicos privados, porque no son los que tienen la capacidad ni tienen las conexiones políticas, de política pública, digamos, para poder beneficiarse. Yo creo que el sector industrial es el que no está interesado en esto, pero no tienen poder para enfrentarse, para imponerse, por ejemplo al sector financiero, al sector comercial o al sector de servicios, sobre todo estas agencias de seguridad privada que son ahora como los grupos hegemónicos.

Entonces, el sector productivo es el que sale más perjudicado.

Sí, que es el que debería ser potenciado y el que debería ser parte del sujeto político necesario para impulsar un cambio en la sociedad. Porque el sujeto político no solamente es un sector popular, para que realmente tenga poder necesita estas alianzas con el sector productivo, que podrían ser estos perdedores.

Pero volviendo a los otros, los que salen beneficiados, lo hacen por varias vías. Primero porque consiguen concesiones directamente; porque logran establecer alianzas con esos capitales transnacionales; o bien porque son subcontratados, que es lo que ocurre por ejemplo con las maquilas, que no son propietarios de las marcas pero trabajan para ellas subcontratados.