EDH. La compañía de explotación minera Commerce Group Corp. reabrió esta semana una batalla contra El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), ente adscrito al Banco Mundial, para pedir la anulación de la sentencia emitida en ese mismo tribunal en marzo que benefició al país con la desestimación de la demanda interpuesta por la minera que argumenta se ha violentado su derecho a invertir en el país.

La solicitud de Commerce Group fue aceptada el lunes por el Ciadi, para revisar la sentencia con un nueva comisión seleccionada por el organismo con sede en Washington, para dar un nuevo veredicto en este caso iniciado en agosto de 2009 bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe (CAFTA, siglas en inglés).

El secretario general de la Fiscalía General de la República, Benjamín Pleites, aseguró a El Diario de Hoy que la oficina de abogados de la defensa de El Salvador, Dewey & LeBoeuf, fue notificada de la reapertura del proceso prevista para los próximos días, con un eventual llamado a una nueva audiencia para revisar la figura jurídica de laudo emitido el 14 de marzo.

"Están queriendo agotar los recursos que la ley les plantea, se tenía previsto que en algún momento podrían solicitar la nulidad bajo las reglas del Ciadi, y es lo que ellos están haciendo agotando sus recursos (…) en el tema de arbitrajes es bien complicado anular un laudo, no es como un recurso de apelación contra una sentencia como sucede en un juicio ordinario", aseguró Pleites.

Commerce Group, mantiene la querella por una millonaria indemnización de $100 millones, alegando la revocación de los permisos de explotación de la mina San Sebastián, en La Unión, y por la retención de los permisos de exploración en la mina San Cristóbal del mismo departamento. El secretario Pleites comentó que es poco probable que funcione una nueva interpretación a favor de la compañía minera, porque la defensa de El Salvador demostró que la acusadora no renunció a 2 demandas interpuestas en el país, antes de acudir al Ciadi.

Uno de los abogados de la defensa comentó que el documento de solicitud de anulación presentado el viernes reciente por el equipo Machulak, Robertson & Sodos S.C. bufete socio de la misma compañía con sede en el estado de Wisconsin, contiene los mismos vicios de forma y fondo con los que perdieron el caso conocido por los árbitros Albert Jan van den Berg, de Holanda Horacio A. Grigera Naón y J. Christopher Thomas, excogitados entre las ternas propiciadas por la defensa y la parte acusadora.

Para introducir la solicitud de anulación, justo al límite de la fecha permitida según las normas del ente adscrito al Banco Mundial, Commerce Group presentó la acusación de los $10 mil dólares de pago requeridos por el tribunal para revisar la sentencia que concluyó en la fase de objeciones preliminares y las rondas de escritos subsiguientes a favor de nuestro país.

"Sentimos que no va prosperar mucho porque la mayoría de veces la comisión ad-hoc ratifica el laudo (…) es un mini proceso que podría durar unos cuantos meses", afirmó el secretario Pleites.

Se intentó obtener la versión del staff de abogados de la compañía Commerce Group, pero al cierre de esta nota, no fue posible contactarlos ni vía telefónica ni a través de correo electrónico se tuvo respuesta.

La compañía de origen estadounidense inició operaciones en El Salvador en la década de 1970, al inicio de la guerra se retiró y retomó las extracción de metales preciosos en 1987 en el departamento de Morazán, desde entonces mantuvo vigentes sus permisos y hasta había logrado una concesión de 30 años de explotación de las minas. Durante la administración del presidente Antonio Saca se le retiraron los permisos y dio pie a querellas legales en el tribunal de lo mercantil de El Salvador y ante el CIADI.